Es una de las tres posibles situaciones extraordinarias (Estados de Alarma, Excepción y Sitio), en las que el Gobierno se encuentra autorizado por la Constitución Española para limitar alguno o algunos de los derechos fundamentales de los ciudadanos en atención a la situación extraordinaria de que se trate. Por ejemplo, si por razón de catástrofes, calamidades o desgracias públicas, tales como terremotos, inundaciones, incendios urbanos y forestales o accidentes de gran magnitud, fuera necesario prohibir el derecho de manifestación o el derecho a desplazarse libremente. Se trata de situaciones muy especiales en las que el objetivo es garantizar la seguridad y el orden civil, aunque sea a costa de las libertades de los ciudadanos. Naturalmente, la declaración de una de estas situaciones requiere que el Gobierno informe al Parlamento de la Nación, está limitada en el tiempo y no implica que dejen de funcionar las instituciones democráticas. En España hay una Ley Orgánica (osea, una ley de muy alto rango) que regula el Estado de Excepción. Desde 1978, año en que se aprobó la actual Constitución Española, nunca se ha declarado.

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